Módulo 3 - Las respuestas legales y sociosanitarias frente a los usos problemáticos de drogas
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Índice

 

Objetivos del módulo

1. Introducción

2. La política de drogas en el ámbito internacional

3. La penalización del consumo de drogas en la Argentina

La ley 23.737

Las críticas a la ley 23.737

La defensa de la ley 23.737

Comparación con la legislación de otros países

4. Argumentos a favor y en contra de la penalización del consumo de drogas

Argumentos contra la penalización del consumo

Argumentos a favor de la penalización del consumo

5. Introducción a las respuestas sociosanitarias

El modelo abstencionista

La reducción de daños

Objetivos de la política de reducción de daños

Los programas de reducción de daños en Argentina

Situación actual y propuestas

Últimas iniciativas por parte del Estado Nacional en materia de drogas

Actividades

Bibliografía

Objetivos del módulo

  • Presentar las dos principales respuestas que se han dado en el mundo y en la Argentina frente a la problemática del consumo de drogas: las legales y las sociosanitarias.
  • Reseñar, en relación a las respuestas legales, el debate en torno a la penalización / despenalización del consumo.
  • Exponer, en el caso de las respuestas sanitarias, la polémica entre el modelo abstencionista y el de reducción de daños.
  • Propiciar que los cursantes refuercen sus posturas respecto de los temas desarrollados, si ya las tienen tomadas, o que las modifiquen si consideran que los argumentos planteados lo ameritan.

Introducción

Como dijimos en el Módulo 2, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, realizada en 1988, buscó promover la cooperación entre los Estados para limitar o erradicar el comercio internacional de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de origen ilícito. Además impulsó la penalización Es la imposición de una pena, sanción o castigo que debe cumplirse obligatoriamente. de las acciones involucradas en esos actos. La principal consecuencia de la firma de este tratado fue que se alentó como solución al tema de las drogas la ingerencia del sistema penal, instando a cada país a tipificar como delito la posesión de estupefacientes para consumo personal. De este modo, problemas de índole sanitaria y social fueron encarados como normas penales.

En Argentina la tenencia de drogas fue definida como ilegal por primera vez con la Ley 11.331, dictada en el año 1926. En esa oportunidad se penalizaba la tenencia de sustancias medicinales, alcaloides y narcóticos en quienes no estuvieran autorizados a venderlas o no justificasen una “razón legítima” para su posesión.

Después de muchos años de debates parlamentarios, en 1989 el Senado sancionó la ley 23.737 –vigente actualmente– que penaliza la tenencia de estupefacientes aun para consumo personal.[1] Dicha ley prevé la pena privativa de la libertad así como también medidas educativas y curativas para aquellas personas que posean drogas para su consumo personal. El detenido por tenencia para este tipo de consumo debe optar entre la cárcel o el tratamiento compulsivo. Esta ley está siendo discutida actualmente por los legisladores, fundamentalmente con el argumento de que generó daños a la población usuaria de drogas por impedir su ingreso al sistema de salud y por alentar en la población actitudes de estigmatización hacia los usuarios de drogas, todo lo cual, lejos de solucionar el problema, lo acentuó. Por otra parte, sus críticos consideran que contiene artículos que son contrarios a derechos y garantías básicos establecidos por la Constitución Nacional.

Para profundizar este tema es necesario analizar la historia y los orígenes de las políticas que se aplican globalmente para los usuarios de drogas.

La política de drogas en el ámbito internacional 

La globalización está dando lugar, entre otros aspectos, a la creación de una gran cantidad de normas jurídicas acerca del uso de drogas. Por ello, no podemos dejar de tener en cuenta los tratados internacionales en estos temas y analizar cómo repercuten en nuestro país.

Es posible establecer como el origen del paradigma seguido por la mayoría de los países del mundo para establecer sus políticas respecto a las drogas, la aprobación en el año 1961 del Convención Única sobre Estupefacientes de Naciones Unidas. La misma establece pautas represivas dirigidas a eliminar el cultivo, la producción, el consumo y el comercio de drogas ilícitas.

Los principios rectores establecidos por el instrumento citado se profundizaron años más tarde con la sanción del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas en 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Para acordar con estos principios, la mayor parte de los países del mundo adoptaron políticas destinadas a eliminar la producción y el consumo de drogas a través de la intervención de los aparatos penales del Estado. De esta manera, se adoptaron legislaciones que ubicaron a los usuarios de drogas dentro del sistema penal y se criminalizó -y aún se criminaliza- a una franja de la población.

La aprobación de los convenios citados también ratificó el indudable liderazgo de Estados Unidos en el movimiento jurídico internacional en materia de drogas y la adopción de una política global que intenta eliminar el consumo y la producción de drogas a través de la intervención de los aparatos punitivos de los Estados. De esta manera, y en particular respecto a América latina, la llamada “Guerra contra las Drogas” (declarada por los presidentes norteamericanos Richard Nixon a principios de la década del 70 y Ronald Reagan en 1982) fabricó un enemigo que posibilitó la injerencia de las fuerzas armadas, generando las condiciones para que un problema policial como el narcotráfico pueda ser considerado desde una lógica militar. 


Los resultados que la política mundial de prohibición de drogas está arrojando, en relación con el número de los usuarios de drogas y con el aumento del consumo de las mismas, son desalentadores. Esto evidencia el fracaso de la “cruzada contra las drogas”.

El marco normativo y político transnacional establecido respecto a las drogas repercutió en la República Argentina que, a partir de mediados de la década del 70, adoptó el paradigma internacional establecido.

La penalización del consumo de drogas en la Argentina

En el año 1968, durante la dictadura militar encabezada por el General Juan Carlos Onganía, se promulgó la ley de facto 17.567 que sancionaba al que “sin estar autorizado, tuviera en su poder cantidades de drogas que excedan las que correspondan a un uso personal…”. La exposición de motivos de la ley vinculaba a la tenencia de dosis para el consumo personal con las acciones privadas de los hombres concernientes a la esfera de la libertad individual, consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional y que por lo tanto se encuentran más allá de la autoridad de los magistrados. Por lo tanto, aun durante el transcurso de una dictadura militar que cercenó las garantías constitucionales, no se consideraba que la tenencia de drogas para consumo personal debía someterse a la autoridad de los magistrados.

Según opina el juez federal Horacio Cattani (2000), la adopción en el país del discurso sobre la “Guerra contra las Drogas” y su importancia para la llamada “doctrina de la seguridad nacional” se produjo en el año 1974, con la sanción de la ley 20.771, que reguló la cuestión en nuestro país hasta 1989. El proyecto de esta ley surgió en el Ministerio de Bienestar Social de la Nación , a cargo de José López Rega, fundador de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), el grupo parapolicial que fue precursor del Terrorismo de Estado en nuestro país.

Como vimos en el Módulo 2, se comenzó a vincular de este modo “droga” con “subversión”, tanto en la oferta como en el consumo de drogas. Según rezaba la exposición de motivos de la ley, el control penal de las drogas era necesario para tutelar la “seguridad nacional” y la “defensa nacional”. El artículo 6 de la ley 20.771 imponía la pena de 1 a 6 años de prisión al que tuviere en su poder estupefacientes aunque estuviesen destinados a consumo personal, definiendo a dichas sustancias como las que son “capaces de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que elabore la autoridad sanitaria nacional”.

Es importante hacer una breve referencia a los diferentes criterios jurisprudenciales que adoptó la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la tenencia de drogas para consumo personal en las últimas décadas. En el año 1978, durante la última dictadura militar, la Corte dictó el fallo “Collavini”, en el que rechazó el pedido de declarar inconstitucional el artículo 6 de la ley 20.771 por considerar que la tenencia de estupefacientes no se constituía en una de las acciones privadas de los hombres exentas de la autoridad de los magistrados establecidas en el artículo 19 de la Constitución Nacional, dado que el criterio de los jueces de ese momento fue que “ese obrar afectaba el orden público y el derecho de terceros y ofendía el orden y la moral pública”.[2]

Esta tendencia jurisprudencial se revirtió en el año 1986 cuando, ya en democracia, la Corte Supremade Justicia de la Nación dictó los fallos “Capalbo” y “Bazterrica”, que declararon la inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 20.771 que incrimina la tenencia de estupefacientes para consumo personal. El argumento del Máximo Tribunal fue que la citada norma invadía la esfera de la libertad personal contemplada en el artículo 19 de la Constitución Nacional , la que se encuentra excluida de la autoridad de los órganos estatales.


La ley 23.737

Como ya se mencionó anteriormente, en el año 1988 se sancionó la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, por la cual las naciones signatarias de la misma se comprometieron a establecer como delito la posesión, compra o cultivo de drogas para fines de consumo personal, no medicinal.

La sanción de la Convención citada tuvo como consecuencia la inmediata adopción por parte de nuestro país de una legislación que avanzó en la penalización Es la imposición de una pena, sanción o castigo que debe cumplirse obligatoriamente. del consumo de drogas, pese a lo establecido por la Corte Suprema menos de tres años atrás. De esta manera, el 11 de octubre de 1989 se sancionó en el Congreso Nacional la ley 23.737, que penaliza la tenencia de estupefacientes incluso “cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para consumo personal”.

Las críticas a la ley 23.737

Según el Informe del Comité Científico Asesor[3] (2009), la ley implica “una grosera desproporción, ya que se acude al derecho penal cuando el conflicto puede resolverse con medidas de política social que permiten proteger, incluso con mayor eficacia, un determinado bien jurídico”.

Las principales críticas a la ley se engloban en:

a) Ocasiona daños a la salud de la población

Según el juez Vázquez Acuña (1997), si bien uno de los fundamentos básicos que expusieron los mentores de la ley 23.737 al momento de su sanción es el que sostiene que a través de ella el Estado procura la protección de la salud pública, éste es uno de los aspectos más contraproducentes que tuvo la aplicación de la ley, ya que “...la respuesta penal condiciona el contacto del usuario de drogas con las instituciones de salud en razón de representarse la posibilidad cierta de ser detenido”. De esta forma la población usuaria de drogas aparece privada no solo de la acción terapéutica que puede necesitar en relación con su adicción, sino también respecto a la atención médica que necesita por otras patologías que puedan derivar de ella, así como de la posibilidad de recibir la información necesaria acerca de cómo evitarlas (por ejemplo, con relación al virus VIH, el uso de preservativos, la descontaminación de jeringas, la accesibilidad a equipos de inyección estériles, etc.).

Muchas especialistas y organismos denunciaron que la prohibición, al encuadrar como un delito la posesión de estupefacientes para consumo personal, entraña una grave y flagrante violación a los derechos humanos. En esta línea argumental estuvo sustentada la intervención de la Licenciada Silvia Inchaurraga en representación de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños (RELARD), en oportunidad de la Sesión Especial sobre SIDA en la Asamblea de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York el 25 de junio de 2001, cuando señaló que “si coincidimos en que el respeto a los derechos humanos reduce la vulnerabilidad al VIH/SIDA, no podemos desconocer a los usuarios de drogas y cómo el VIH los afecta. No podemos desconocer que más del 22 por ciento de la población con VIH/SIDA se inyecta drogas. Ni hasta qué punto las condiciones en que las personas consumen drogas las expone incluso en ocasiones a mayores riesgos y daños que los que pueden causar las drogas. Condiciones de desinformación, pobreza, desigualdad, ilegalidad, encierro, estigmatización, criminalización”.

b) Impone medidas de seguridad coactivas

La ley establece que la punición de la tenencia de estupefacientes para el propio consumo tiene como alternativa a la pena un conjunto de “medidas de seguridad curativas y educativas”, que implican que los usuarios tienen que aceptar que su identidad como tales es peligrosa para sí mismos y para la sociedad.

Una de las condiciones esenciales que determinan el éxito de un tratamiento es la voluntariedad de emprenderlo, por lo que el carácter compulsivo del mismo –tal como lo establece la 23.737– lleva indefectiblemente a su ineficacia e inutilidad, máxime cuando la falta de colaboración del usuario de drogas lo lleva a la cárcel o a la continuidad de un proceso judicial. En síntesis, la ley 23.737 se revela ineficaz para proteger la salud, tanto pública como individual.

c) Se la considera inconstitucional

Uno de los aspectos que más discusión genera es si la tenencia de estupefacientes queda amparada o no en lo normado por el artículo 19 de la Constitución Nacional , que establece que las acciones privadas que no afecten a la moral ni al orden público quedan exentas de la autoridad de los magistrados.

Las discrepancias en relación con esto se originan en la valoración de si la tenencia de estupefacientes es lesiva o no al orden y la moral pública y, en consecuencia perjudicial para terceros. Es decir, el punto a discutir es si la tenencia es lesiva del derecho de otro y escapa por lo tanto al ámbito de protección del artículo 19.

Las citas jurisprudenciales que apoyan la penalización Es la imposición de una pena, sanción o castigo que debe cumplirse obligatoriamente. de la tenencia para consumo personal Hace referencia a la posesión de estupefacientes para uso/consumo personal, lo cuál está penado por la Ley de Estupefacientes (N° 23.737) en el segundo párrafo del artículo 14 e impone una sanción de entre 1 mes y 2 años de prisión, sustituibles por medidas educativas o de tratamiento para abandonar el consumo de drogas., como por ejemplo: “su conducta social está alterada y afecta a su familia, círculo cercano y amigos” o “el adicto es un medio de difusión del vicio”, son demostrativas de que lo que se quiere penalizar no es una acción, sino una condición o carácter personal del sujeto, en el que la situación de tenencia se presenta como síntoma de peligrosidad para la “misma supervivencia de la Nación ”.

Esto muestra que la incriminación de la tenencia de estupefacientes para consumo personal tiene la falla técnica de constituir un tipo penal basado en presupuestos sobre la peligrosidad del autor más que en su relación con el daño o peligro concreto que pueda producirse a derechos o bienes de terceros, por lo que puede afirmarse que se desconoce la restricción establecida por el artículo 19 de la Constitución Nacional.   


Tomando como base este argumento, el 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema de Justicia de Argentina resolvió, por unanimidad de todos sus integrantes, declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes (N° 23.737), que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal con pena de prisión de 1 mes a 2 años (sustituibles por medidas educativas o de tratamiento). Según la Corte , la inconstitucionalidad del artículo es aplicable a aquellos casos de tenencia de estupefacientes para consumo personal que no afecten a terceras personas.

 

A propósito de lo que se ha dado en llamar “el fallo Arriola”, transcribimos a continuación parte del resumen presentado por la Asociación Civil Intercambios en relación con el fallo.

La Corte señaló: “el artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 debe ser invalidado, pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional. Por tal motivo se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”.

En el fallo se resolvieron los casos de cinco personas que fueron sorprendidas saliendo de una vivienda que se estaba investigando por comercio de estupefacientes. Estos consumidores fueron detenidos por personal policial a pocos metros del lugar, habiéndose encontrado entre sus ropas alrededor de tres cigarrillos de marihuana o poca cantidad de esa sustancia en cada uno de los casos.

El principal argumento utilizado en el fallo es que la norma que penaliza la tenencia de estupefacientes para consumo personal, en la medida que avanza sobre el ámbito privado de las personas, afecta el derecho a la intimidad protegido por normas constitucionales (no sólo el artículo 19 de la Constitución Nacional , sino otros instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados luego de la reforma constitucional de 1994). Al respecto se señaló: “la tenencia de droga para el propio consumo, por sí sola, no ofrece ningún elemento de juicio para afirmar que los acusados realizaron algo más que una acción privada, es decir, que ofendieron a la moral pública o a los derechos de terceros”.

El juez Carlos Fayt expresó: “hoy, la respuesta criminalizadora se advierte a todas luces ineficaz e inhumana”. Ampliando esta idea señaló “la contundencia con la que se ha demostrado la ineficacia de la estrategia que se vino desarrollando en la materia, en especial el hecho de considerar que perseguir penalmente la tenencia para consumo combatiría exitosamente el narcotráfico”. Y agregó: “ha quedado demostrado cuán perimida resulta la antigua concepción de interpretar que toda legislación penal debe dirigirse indefectiblemente al binomio traficante-consumidor”.

Sobre las consecuencias negativas de la respuesta penal sobre los usuarios, el juez Raúl Zaffaroni señaló: “el procesamiento de usuarios (…) se convierte en un obstáculo para la recuperación de los pocos que son dependientes, pues no hace más que estigmatizarlos y reforzar su identificación mediante el uso del tóxico, con claro perjuicio del avance de cualquier terapia de desintoxicación y modificación de conducta que, precisamente, se propone el objetivo inverso, esto es, la remoción de esa identificación en procura de su autoestima sobre la base de otros valores”.

Finalmente la Corte , yendo más allá de la solución del caso penal, exhortó “a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país”.

La defensa de la ley 23.737

El actual Secretario de la SEDRONAR , Dr. José Ramón Granero ha expresado su oposición a los anteriores argumentos, planteando que a pesar de que la humanidad no ha podido resolver el problema de venta legal como tabaco y alcohol, las más peligrosas por el daño social que provocan, al promover la legalización de una droga prohibida como la marihuana, se agranda su espacio de circulación.

Por otra parte, según expresa, legalizar ciertas drogas es jugar a favor de quienes ya lucran con ellas o lo harán en el futuro. Despenalizar el uso de drogas, afirma, no es progresista. Por el contrario, es una expresión de oscurantismo, puesto que provocará inexorablemente la aparición de nuevos adictos, es decir, de seres dependientes[4].

En el mismo sentido, transcribimos a continuación un fragmento de una entrevista realizada al Lic. Fabián Chiosso, Secretario de la Federación de Organismos No Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Drogas.

¿Cómo está planteado el debate de la despenalización?

En las primeras planas de los diarios y en boca de personas reconocidas se instala el tema de la despenalización de una manera poco clara: en el marco del debate “prohibicionismo” vs. “antiprohibicionismo” la idea de despenalización del consumo se confunde con la de liberalización del uso de drogas; por otra parte, da la impresión que en el afán de fundamentar una posición, se habla de “las drogas” de manera indiscriminada, minimizando los riesgos que su uso representa. Pensemos que esto ocurre en un contexto en el cual hasta hace pocos días se estaba hablando de los graves problemas que está planteando el consumo de pasta base.

También creo entrever algunas ideas que de manera más o menos explícita comienzan a instalarse a través del discurso despenalizador. A modo de un pantallazo general se puede decir:

a) que en muchos países de Europa se despenalizó - liberalizó la droga y todo marcha mejor; (nunca queda claro en cuáles, cuando se hizo, cuál fue la experiencia, los resultados y la situación actual. Y mucho menos se discute las formidables diferencias estructurales entre los países centrales en los que se llevó a cabo esta política y los de nuestro devastado continente);

b) que sólo hay una forma de defender los derechos humanos de los adictos y consumidores, una sola posición ética y una sola metodología (ahora nos enteramos, de boca de los especialistas, que la tendencia en el mundo es internar menos y trabajar básicamente en forma ambulatoria. ¿En qué países, en qué contextos, cuales son los perfiles, qué tipo de sociedades, cuales son los resultados? Quienes opinan de este modo ¿conocen de cerca el trabajo actual en nuestro país en contextos de marginalidad, de pérdida de todos los derechos, de desnutrición, de complejas situaciones socio – familiares?).

 

Comparación con la legislación de otros países

En casi todos los países hay drogas cuyo uso está prohibido, pero existen variaciones en esta política que se inscriben en un continuum: desde las políticas más represivas, punitivas y criminalizadoras, como la de los países islámicos, en los que la tenencia de drogas y el tráfico de las mismas expone a las personas a la pena de muerte, pasando por la que lleva adelante Estados Unidos en relación con la cocaína-crack, hasta las más tolerantes, como la que existe en los Países Bajos en relación con la marihuana.

La prohibición de las drogas de carácter punitivo recurre a las leyes y al encarcelamiento y hasta la muerte para castigar a las personas que consumen determinadas sustancias, aunque este consumo se realice en cantidades mínimas. En Estados Unidos, por ejemplo, la prohibición se refleja en importantes penas de cárcel por posesión, consumo y distribución a pequeña escala de las sustancias prohibidas.

En los Países Bajos, en cambio, si bien la fabricación y venta de drogas están legalmente prohibidas, respondiendo a varios tratados de Naciones Unidas, sin embargo los bares y pubs venden marihuana en pequeñas cantidades. Estas ventas no están sometidas a fiscalización. En cambio, sí se persigue a los grandes traficantes.

Las políticas sobre drogas en el resto de los países occidentales se sitúan entre estos dos modelos. En los últimos años, la Unión Europea , Canadá, Australia y Nueva Zelanda se están alejando del extremo más punitivo del continuum.

Las principales respuestas que dan los países al consumo de estupefacientes y a la tenencia para uso personal son:

  1. Considerar delito a la posesión y/o el consumo de estupefacientes, con la alternativa de poder suspender el proceso o la ejecución de la sentencia si el usuario se "somete" a un tratamiento terapéutico. Ejemplos de los países en los que se ha adoptado este criterio son Alemania, Argentina, Brasil, Uruguay, Italia y Venezuela.
  2. Considerar dichas conductas como una mera contravención, alternativa adoptada por ejemplo por Suiza y Colombia.
  3. Desincriminar los mencionados comportamientos, como se ha hecho por ejemplo en Grecia, España, Bolivia y Perú.
  4. Penalizar legalmente la posesión y el consumo, pero no llevar esto a la práctica, como ocurre por ejemplo en Holanda e Inglaterra.

En cuanto a qué sustancias son consideradas "drogas ilegales", algunas legislaciones, como la de Francia, hacen hincapié en la "dependencia"; otros países, como Gran Bretaña, las definen en relación con su influencia sobre el sistema nervioso central; en otros, como en Grecia, se toman en cuenta ambos criterios. Otras legislaciones remiten la determinación de las sustancias consideradas drogas a las listas aprobadas por las autoridades competentes, como ocurre en Dinamarca, Italia y España. Finalmente, en algunos países como Argentina y Brasil, se exige que, además de la necesidad de encontrarse incluidas dichas sustancias en los listados, las mismas produzcan dependencia (Vázquez Acuña, 1999).

 


Levine (2003) plantea que durante los últimos 80 años todos los gobiernos del mundo adoptaron las políticas de prohibición de drogas y las incorporaron a sus países. Resumiendo, plantea que:

Desde finales de los años ´60 ninguna nación del mundo en la actualidad cuenta con las facultades necesarias para poder acabar con sus propios regímenes nacionales de prohibición de drogas. Debido a los tratados internacionales, así como a las sanciones económicas y políticas que vinculan los países a los tratados, la mayor parte de las naciones del mundo pueden reformar independientemente sus leyes de prohibición de drogas y hacerlas menos punitivas, pero no pueden derogarlas (Levine, 2003: 78).

Argentina forma parte del grupo de países que consideran el consumo de drogas como algo peligroso, que debe ser perseguido y combatido, lo cual puede entenderse como una respuesta a la situación internacional existente.

Argumentos a favor y en contra de la penalización del consumo de drogas

 

La penalización o despenalización del consumo ha despertado una fuerte polémica, con argumentos a favor o en contra. Resumiremos a continuación lo expresado en este sentido por el juez Martín Vázquez Acuña (1999):

Argumentos a favor de la penalización del consumo

  1. La conducta de consumir estupefacientes viola normas éticas, por lo que el Estado estaría autorizado a penalizar dicho proceder; el Estado debe intervenir para salvaguardar la salud individual o colectiva, pues es interés de la sociedad impedir la autolesión.
  2. El castigo del consumo implicaría una reducción en la demanda y por este medio indirecto se arruinaría el negocio del tráfico.
  3. El consumidor es la vía para descubrir al traficante, por lo menos a aquellos que son protagonistas del llamado "tráfico hormiga".
  4. El consumo de drogas constituye en sí mismo un hecho de alta peligrosidad, ya que puede conducir a la realización de delitos en estado de drogadicción.
  5. Existe una tendencia del "adicto" a consumir con otros, que respondería a razones de naturaleza psicológica y también de conveniencia, en razón de que de esa manera se facilitaría el propio abastecimiento.

Argumentos contra la penalización del consumo

  1. La norma penal sólo puede reprochar conductas que perjudiquen a terceros, quedando excluidas todas aquellas realizadas en el ámbito privado.
  2. Este tipo de legislaciones no buscan en realidad sancionar conductas, sino el carácter de "vicioso" que le asignan al usuario de estupefacientes, reprimiendo "personalidades" y no "acciones", como demandan los pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos. El ser drogadicto o usuario de drogas al que le asignan una tendencia a "contagiar" constituye el motivo de la imposición de una pena, y no el consumo y tenencia de drogas.
  3. La incriminación de la tenencia o del consumo en modo alguno constituye la herramienta idónea para prevenir el fenómeno del consumo de drogas. La experiencia nos indica que la criminalización funciona como un sistema autoreproductivo. Gran parte de los daños sociales y de salud relacionados con este consumo son consecuencia de la prohibición. Los efectos de la penalización llevan a una marginalización de los consumidores y sólo logran, desde hace mucho tiempo, inducir a prejuicios a la opinión pública. A causa de la prohibición, y por miedo a la persecución penal, los consumidores ven obstaculizado su acceso a la asistencia sanitaria.
  4. No cabe penalizar la tenencia de estupefacientes sobre la base de un peligro futuro. En todo caso, el Estado debe intervenir en relación a las redes de narcotraficantes.
  5. Cuando se relaciona el aumento de la comisión de delitos con el consumo de estupefacientes, no obstante no existir una relación directa verificable, dicho dato no autoriza a penalizar dicha acción, sino los ilícitos que se cometan.
  6. Al penalizar la tenencia el usuario sufre una estigmatización definitiva como "delincuente", etiqueta que le es impuesta por la misma comunidad que debería proporcionarle la asistencia necesaria; el usuario, condenado por este ilícito, tendrá un antecedente criminal que lo acompañará en el futuro, causándole un daño irreparable al dificultarle seriamente acceder a un trabajo, circunstancia que constituye una consecuencia contraproducente en su inserción social.
  7. Por último, este tipo de políticas conspira contra la supuesta "lucha" contra el narcotráfico porque tanto el sector policial como el judicial se abarrotan de este tipo de procesos, impidiéndoles dedicarle el tiempo necesario a las investigaciones de envergadura.

Introducción a las respuestas sociosanitarias

Existen diferentes modelos de atención de los usuarios de drogas, lo que configura diferentes respuestas sociosanitarias frente a esta problemática que se fueron dando en el país a partir de la década del 80. Estos primeros pasos fueron lo que luego se conocieron como comunidades terapéuticas. Con el correr de los años estas comunidades han alcanzado una alta profesionalización y se han diferenciado según diferentes criterios. Así, las hay: públicas y privadas, rurales y urbanas, religiosas y no religiosas, democráticas y jerárquicas, entre otras variantes.

En términos generales, los tratamientos existentes para abandonar el consumo de drogas incluyen terapia del comportamiento, medicamentos o una combinación de ambos y varían de acuerdo a la sustancia y el paciente. Las prácticas que se utilizan son: desintoxicación, modalidad terapéutica con internación parcial (hospital de día y de noche), modalidad terapéutica ambulatoria, y comunidades terapéuticas.

 


La asistencia que se brinda está basada fundamentalmente en modificar pautas y actitudes perjudiciales y tiene como finalidad la resocialización del individuo. Existen diferentes dispositivos terapéuticos, como por ejemplo psicoterapias individuales, familiares, y/o grupales de distinto tipo. Los cambios en cuanto al perfil de las personas que buscan tratamiento (jóvenes, la inclusión de niños y adolescentes, las problemáticas de la marginalidad social) han generado la necesidad de desarrollar estrategias de atención diversificadas.

 

Dentro de esta diversidad están los grupos de autoayuda, basados en los Doce Pasos de Alcohólicos Anónimos, liderados por ex consumidores, que son redes de apoyo integradas por personas que se encuentran en situaciones similares y se reúnen con el fin de apoyarse en el esfuerzo de mantener la abstinencia.

El modelo abstencionista

La respuesta sanitaria prevaleciente en Argentina en relación con el consumo de drogas es el modelo abstencionista Sostiene la necesidad de abstinencia total del consumo de sustancias (drogas ilegales y alcohol) como condición previa de un tratamiento de recuperación al uso de drogas., que tiene como objetivo la abstinencia total de sustancias como condición previa de un tratamiento.

Desde el punto de vista asistencial el modus operandi del modelo abstencionista Sostiene la necesidad de abstinencia total del consumo de sustancias (drogas ilegales y alcohol) como condición previa de un tratamiento de recuperación al uso de drogas. es la comunidad terapéutica (CT). Las CT son ambientes residenciales libres de droga en los que en general se mantiene una férrea disciplina, apoyada en relaciones sociales jerárquicas. El modelo terapéutico comprende etapas de tratamiento que reflejan niveles cada vez mayores de responsabilidad personal y social. Se utiliza la influencia entre compañeros, mediada a través de una variedad de procesos de grupo, para ayudar a cada persona a aprender y asimilar las normas sociales y desarrollar habilidades sociales más eficaces.

Los beneficios que más reconocen los usuarios de drogas que siguen estos tratamientos tienen que ver con la aceptación de rutinas que los ayudan a manejarse en lo cotidiano y con haber recibido el afecto necesario para sentir que se es alguien para alguien y que se forma parte de una trama sostenedora, siendo éste el convencimiento que más los ayuda para salir de su adicción.

 

Por lo tanto, el factor terapéutico más importante de las comunidades es la posibilidad de desarrollar en los lugares de internación un entramado relacional diferente al vivido por los usuarios de drogas previamente en sus medios familiares y en sus grupos de amigos. No se trata sólo de la creación de nuevos vínculos, sino de que estos tienen la posibilidad de reemplazar el vínculo con el objeto droga, presente en los escenarios anteriores en los que se desarrollaban sus vidas, a partir de la aceptación de nuevos códigos de interacción social. A su vez, lo implícito es que el aprendizaje de ese nuevo modo de interacción social será incorporado y transferido a la vida fuera de la comunidad, en el momento del alta, aunque éste es un supuesto que en muchos casos no resulta fácil de cumplir.

 

Existe un alto porcentaje de recaídas en el consumo por parte de las personas que se someten a este tipo de tratamiento, que durante mucho tiempo constituyó la única alternativa terapéutica ofrecida. Las recaídas se explican por la alta exigencia implícita en el modelo, que pretende transformar de modo compulsivo aspectos esenciales de la existencia de los usuarios.

La reducción de daños

Como se afirma en el Informe del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja sobre los Usuarios de Drogas y las Políticas para su Abordaje (2009), del universo de personas que consumen drogas, una inmensa mayoría no incurrirá en consumos problemáticos. Estos se producirán entre las personas que se hallan en una especial situación de vulnerabilidad bio-psico-social. A esta población se debe llegar con medidas preventivas de tipo específico e inespecífico.

La adicción a las drogas se da en personas que aumentan cuantitativa y cualitativamente el consumo hasta no tener proyectos de vida independientes del consumo. Su autonomía está seriamente comprometida. La auto-administración de las sustancias ya no les proporciona placer, aunque lo buscan infructuosamente, sino que está al servicio de evitar el displacer. Estas personas necesitan tratamiento adecuado. Las intervenciones asistenciales deben admitir alternativas múltiples, incluyendo las medidas de reducción de daños Son programas que se centran en los daños individuales y sociales que el consumo de drogas trae aparejados. La reducción de daños no consiste solamente en programas de cambios de jeringas o programas de sustitución de opiáceos, también garantiza el acceso de todos a la información y a la prevención, facilita el contacto de los usuarios de drogas con las instituciones de salud e intenta evitar los costos sociales e individuales que acompañan a la penalización de las drogas., que parten del reconocimiento de que el uso de drogas ha persistido en el mundo a pesar de los esfuerzos para evitarlo; es por esto que lo que se propone son recomendaciones para que este uso sea lo menos perjudicial posible.

 

Como se relató anteriormente, mientras que el paradigma prohibicionista logró su primacía durante el siglo XX dejando como saldo la demonización de las sustancias y buscando su eliminación como prioridad fundamental, el crecimiento y la complejidad de los problemas asociados al consumo de drogas comenzaron a mostrar las falencias de estas políticas. Teniendo presentes estos antecedentes, la reducción de daños Son programas que se centran en los daños individuales y sociales que el consumo de drogas trae aparejados. La reducción de daños no consiste solamente en programas de cambios de jeringas o programas de sustitución de opiáceos, también garantiza el acceso de todos a la información y a la prevención, facilita el contacto de los usuarios de drogas con las instituciones de salud e intenta evitar los costos sociales e individuales que acompañan a la penalización de las drogas. buscó centrarse en la disminución de las consecuencias negativas del uso de drogas (Touzé y Rossi, 1993). Así, un elemento nuevo en la política de reducción de daños Son programas que se centran en los daños individuales y sociales que el consumo de drogas trae aparejados. La reducción de daños no consiste solamente en programas de cambios de jeringas o programas de sustitución de opiáceos, también garantiza el acceso de todos a la información y a la prevención, facilita el contacto de los usuarios de drogas con las instituciones de salud e intenta evitar los costos sociales e individuales que acompañan a la penalización de las drogas. es la atención puesta en los efectos secundarios del consumo de drogas.

Los programas de reducción de daños Son programas que se centran en los daños individuales y sociales que el consumo de drogas trae aparejados. La reducción de daños no consiste solamente en programas de cambios de jeringas o programas de sustitución de opiáceos, también garantiza el acceso de todos a la información y a la prevención, facilita el contacto de los usuarios de drogas con las instituciones de salud e intenta evitar los costos sociales e individuales que acompañan a la penalización de las drogas. no buscan centrarse en el consumo como tal, sino en los daños individuales y sociales que el mismo trae aparejado. Debe aclararse que estos programas, como señalan sus representantes, no consisten solamente en programas de cambios de jeringas o programas de sustitución de opiáceos, también garantizan el acceso de todos a la información y a la prevención, facilita el contacto de los usuarios de drogas con las instituciones de salud e intenta evitar los costos sociales e individuales que acompañan a la penalización de las drogas.

 

En atención a ello, varios países han instrumentado acciones tendientes a reducir los impactos negativos en el área sanitaria, social y económica que el uso de la droga involucra. Son múltiples y variadas las actividades que desde 1985 se han emprendido en tal sentido: entre otras, programas de suministro de sustancias sustitutas de las drogas (los llamados programas de metadona para sustituir a la heroína), que se llevan a cabo en Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Francia, Canadá, España, Alemania y Suiza, entre otros países; actividades de distribución o intercambio de jeringas o agujas, de elementos de limpieza y/o material educativo, que explican el modo de utilización de dichos elementos para evitar los riesgos asociados con su uso, que promueve, además de los países ya señalados, Brasil, más precisamente el Estado de San Pablo; programas de prescripción de drogas, que vienen desarrollándose en la región de Mersey, Inglaterra, lugar en el que se prescriben estupefacientes para ser consumidos bajo la forma de cigarrillos con la idea de modificar el modo de uso (también Suiza ha adoptado este tipo de acción); programas de asistencia en las calles tendientes no solamente a contactar a los usuarios sino a brindarles atención médica y distribuir materiales ( la Ciudad de Rotterdam, Holanda, mantiene un programa de asistencia con relación a prostitutas extranjeras ilegales que trabajan en el puerto, y que resulta de sumo interés por el modo de abordar este grupo vulnerable).

En la Argentina las instituciones más importantes que se ocupan del tema son organizaciones de la sociedad civil, fundamentalmente la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), con sede en Rosario y la asociación Intercambios, con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando las acciones promovidas por la reducción de daños Son programas que se centran en los daños individuales y sociales que el consumo de drogas trae aparejados. La reducción de daños no consiste solamente en programas de cambios de jeringas o programas de sustitución de opiáceos, también garantiza el acceso de todos a la información y a la prevención, facilita el contacto de los usuarios de drogas con las instituciones de salud e intenta evitar los costos sociales e individuales que acompañan a la penalización de las drogas. se centran en el segmento poblacional que está utilizando sustancias psicoactivas como el paco, no se limitan a encarar problemas sanitarios, como la prevención de infecciones y de sobredosis, sino que encaran también la marginalización, la exclusión social, la criminalización y la estigmatización.

 

Objetivos de la política de reducción de daños

  1. Contactar a los servicios de salud con los usuarios con objeto de que se les brinde la ayuda que necesiten (desintoxicación, tratamiento, etc.), como así también distribuir jeringas, materiales desinfectantes, condones, etc. y servirles como puentes con otros servicios;
  2. limitar la transmisión por vía intravenosa del virus VIH y de otras enfermedades como la hepatitis B;
  3. reducir el consumo de drogas;
  4. evitar que el “drogadicto” consuma estupefacientes que sean rebajados con sustancias espurias que son mucho más peligrosas que la propia droga;
  5. buscar mejorar la situación familiar, laboral y social del usuario;
  6. disminuir las conductas asociales motivadas por la adicción y que son impulsadas por la criminalización del consumo.

Las medidas enumeradas pueden instrumentarse aun dentro de los sistemas que prohíben la tenencia de estupefacientes para uso personal, pues son lícitas.

En efecto, el hecho de desarrollarse programas de las características ya señaladas no implica en modo alguno un elogio público de las virtudes y mérito de los estupefacientes, ni tampoco que se aliente a alguien a consumir drogas, dado que quienes son sus destinatarios resultan ser personas que ya son usuarias de drogas.

Por último, cabe mencionar que la gran mayoría de las legislaciones autorizan la prescripción médica de estupefacientes por razones terapéuticas; ejemplos cercanos, fuera de las prácticas en Inglaterra, resultan ser las legalizaciones llevadas a cabo en los Estados de Arizona y California (Estados Unidos) respecto de la prescripción médica de marihuana para enfermos terminales

 

Los programas de reducción de daños en Argentina

En Argentina las medidas y programas de reducción de daños Son programas que se centran en los daños individuales y sociales que el consumo de drogas trae aparejados. La reducción de daños no consiste solamente en programas de cambios de jeringas o programas de sustitución de opiáceos, también garantiza el acceso de todos a la información y a la prevención, facilita el contacto de los usuarios de drogas con las instituciones de salud e intenta evitar los costos sociales e individuales que acompañan a la penalización de las drogas. comienzan a implementarse a partir de 1996. Lo interesante de estos nuevos programas es que lograron acceder a una población consumidora de drogas que nunca antes había realizado tratamiento para drogas, a la vez que nunca se había conectado con el sistema de salud.

A diferencia de lo que ocurrió en España y en otros países de Europa, en nuestro país no se necesitó implementar tratamientos de sustitución con metadona, en tanto éstos sólo se utilizan con consumidores de heroína, sustancia que no es consumida en Argentina de un modo significativo. Los programas de intercambios de jeringas para usuarios de drogas inyectables se pusieron en marcha en un primer momento con dificultades legales, zanjadas posteriormente. De todos modos, estos programas no tuvieron, como en España, una cobertura extendida en el país, sólo lograron implementarse en Buenos Aires (en lugares puntuales) y en Rosario, provincia de Santa Fe.

Un hecho interesante a tener en cuenta es que al analizar las vías de transmisión del VIH en el acumulado de los casos, desde el comienzo de la epidemia de sida, se observa que la principal vía de transmisión hasta 1996 es el uso compartido de equipos de inyección durante el consumo de drogas, luego las relaciones sexuales sin protección entre hombres y en tercer lugar aparecen las personas que tienen como única vía de transmisión la heterosexual.

Varios factores incidieron para que las principales vías de transmisión del virus se modificaran en cuanto a sus porcentajes, de modo tal que en la actualidad el consumo de drogas aparece como la vía de transmisión menos importante estadísticamente. Entre esos factores la implementación de los programas de reducción de daños Son programas que se centran en los daños individuales y sociales que el consumo de drogas trae aparejados. La reducción de daños no consiste solamente en programas de cambios de jeringas o programas de sustitución de opiáceos, también garantiza el acceso de todos a la información y a la prevención, facilita el contacto de los usuarios de drogas con las instituciones de salud e intenta evitar los costos sociales e individuales que acompañan a la penalización de las drogas., con su énfasis en la necesidad de no compartir jeringas y en su desinfección, ha tenido importancia.

Un hecho relevante en materia legal fue la reunión que se organizó en 1999 en la SEDRONAR , donde se debatió sobre la reducción de daños Son programas que se centran en los daños individuales y sociales que el consumo de drogas trae aparejados. La reducción de daños no consiste solamente en programas de cambios de jeringas o programas de sustitución de opiáceos, también garantiza el acceso de todos a la información y a la prevención, facilita el contacto de los usuarios de drogas con las instituciones de salud e intenta evitar los costos sociales e individuales que acompañan a la penalización de las drogas. con sectores representativos del campo de las drogas y del sida y donde participaron también funcionarios de todo el país y dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil. En el mismo año se creó el Programa Regional de Reducción de Daños en la Provincia de Santa Fe, declarado de interés provincial.

En el 2000 comenzó una fuerte campaña por parte de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA, con sede en Rosario), que tuvo como objetivos lograr la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, detener los arrestos por consumo de marihuana y defender la investigación científica sobre los usos terapéuticos de esta sustancia.

A fines del 2000 el programa LUSIDA, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación , promovió múltiples y diversas intervenciones en materia de reducción de daños en Buenos Aires y Rosario. Participaron del proyecto la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), la Fundación Red y el Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida (CEADS) de la Universidad Nacional de Rosario.

Otro importante apoyo a este tipo de intervenciones provino del Fondo Mundial de Lucha contra la Tuberculosis , la Malaria y el Sida, que subvencionó una serie de proyectos desde 2002 a 2008, tendientes a fortalecer las instituciones que trabajaban en el país con el paradigma de reducción de daños.

Situación actual y propuestas

Una primera mirada nos permite vislumbrar que pese a la profundización de las políticas represivas y la criminalización, el comercio ilegal de drogas, su uso, tráfico y producción aumentaron en forma alarmante en el siglo pasado y en lo que va del actual.

En este sentido, las cifras difundidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indican que el consumo de distintas drogas ilícitas creció mientras que el precio al por mayor disminuyó. El Informe Mundial sobre Drogas, presentado en enero de 2001 en Viena por la oficina de la ONU para el Control de Estupefacientes y la Prevención del Crimen (UNDCP), planteó que aproximadamente 180 millones de personas (el 4,2 % de la población mundial de más de 15 años) consume drogas ilegales y que ellas hacen uso de más de una sustancia. En el mismo informe se especificó que el decomiso afecta sólo al 8 % de la producción y el tráfico. Este informe realizado en 2010 arroja un total de más de 300 millones de personas que consumen alguna droga ilegal.

De acuerdo a la experiencia recogida, es necesario sacar a los usuarios de drogas de la órbita del derecho penal y colocarlos, en caso de ser necesario, en un sistema de salud que reduzca los daños que les genera el consumo de drogas y les otorgue la posibilidad de un tratamiento que respete su singularidad y que no tienda a homogeneizar un problema cuyo origen no se encuentra en la sustancia sino en quién la consume y en su contexto social. Existen actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación varios proyectos de ley que apuntan a modificar la ley 23.737.

  

El Documento Oficial del Comité Científico Asesor mencionado finaliza con las siguientes conclusiones:

  1. Despenalizar la tenencia de escasa cantidad de estupefacientes para el consumo personal no supone ningún reconocimiento de la legitimidad de su uso, sino por el contrario, parificarla con el consumo de otras sustancias no incriminadas penalmente para posibilitar abordajes preventivos y asistenciales, no interferidos por el sistema penal.
  2. En los casos en que el consumo problemático de sustancias legales e ilegales requiera necesariamente de un tratamiento con o sin internación, éste siempre le será brindado teniendo en cuenta su condición de sujeto de derecho acreedor al más alto nivel posible de salud, mediante prácticas reconocidas y supervisadas por la autoridad sanitaria.
  3. El consumo de estupefacientes no puede ser considerado como delito. Se trata de una problemática de naturaleza socio-sanitaria que exige políticas públicas enmarcadas en este contexto, que incluyan según los casos estrategias de reducción de riesgos y daños.
  4. La principal dificultad para incriminar al consumidor de sustancias es el hecho comprobado de que un número grande de personas, teniendo una amplia cantidad de sustancias legales a su disposición, utilizan aquellas prohibidas penalmente justamente porque están prohibidas y porque el sistema penal los confirma en el rol trasgresor que buscan.
  5. Por todo ello resulta imprescindible centrar las políticas públicas en las personas y sus necesidades y dejar de lado toda utopía de solucionar el problema sacando a las drogas de circulación. Es claro que su presencia en la sociedad está satisfaciendo necesidades reales o imaginarias de la gente y que éstas no desaparecerán sólo mediante la implementación del modelo jurídico.

 

¿Cuáles son las principales respuestas sanitarias frente a los consumos problemáticos de drogas que se ofrecen en su comunidad? Puede buscar información en los siguientes sitio web:

Narcóticos Anónimos: http://www.na.org.ar/

Alcohólicos Anónimos: http://www.aa.org.ar/

FONGA (Federación de ONGs Argentina): http://www.fonga.org.ar/

ARDA (Asociación de Reducción de Daños de Argentina): http://www.infoarda.org.ar/

Intercambios Asociación Civil: http://www.intercambios.org.ar/

También puede buscar información en el hospital o centro de salud más cercano sobre los servicios que se prestan a los consumidores problemáticos de drogas.

 

Últimas iniciativas por parte del Estado Nacional en materia de drogas

En los últimos años existen respuestas por parte del Estado Nacional en relación con el consumo de drogas:

  • 2009 - Creación de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción , en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Decreto N 1359/2009).
  • 2009 - Diseño del “Plan Nacional de Identificación de Políticas Públicas en materia de drogas”.
  • 2009 – Creación del Programa Nacional de Educación para la Prevención y el Consumo Indebido de Drogas en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación (Ley Nº 26.586).
  • 2010 - Creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación (Decreto Nº 457/2010). 

En suma, podemos terminar diciendo que el objetivo de las modificaciones legales que se propugnan es evitar reducir la prevención a lo biomédico, alentando por el contrario la promoción de la salud basada en el mejoramiento de las condiciones sociales e institucionales que favorecen la autonomía de los ciudadanos.

 

Recomendamos repasar los contenidos del módulo a partir de las siguientes actividades:

Actividades Módulo 3

 

 

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación : http://www.sedronar.gov.ar/

Observatorio Argentino de Drogas. Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico. Presidencia de la Nación : http://www.observatorio.gov.ar/

Observatorio de Investigación sobre Adicciones. Políticas Sociales en Adicciones. Desarrollo Social, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/des_social/adic/observatorio/?menu_id=23850

Narcóticos Anónimos: http://www.na.org.ar/

Alcohólicos Anónimos: http://www.aa.org.ar/

FONGA (Federación de ONGs Argentina): http://www.fonga.org.ar/

ARDA (Asociación de Reducción de Daños de Argentina): http://www.infoarda.org.ar/

Intercambios Asociación Civil: http://www.intercambios.org.ar/

 

Cattani, H. (2000) “Tóxicos prohibidos y afectación del bien jurídico”. Versión del Seminario “Drogas y Control Social” en la Carrera Interdisciplinaria de Especialización de Posgrado de Problemáticas Sociales Infanto Juveniles del Centro de Estudios Avanzados en la Universidad de Buenos Aires.

CEADS-UNR (Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y Sida de la Universidad Nacional de Rosario) y ARDA (Asociación de Reducción de Daños de la Argentina ) (2003).“Las Drogas, entre el fracaso de los daños y la prohibición. Nuevas perspectivas en el debate despenalización-legalización”.

Comité Científico Asesor (2009). Documento oficial del Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja sobre los Usuarios de Drogas y las Políticas para su Abordaje. Buenos Aires. Disponible en: http://www.jgm.gov.ar/archivos/comisionnacional/DO1usuarios.pdf

Granero, J. R. (2005) “Despenalizar el uso de droga no es progresista”, Revista Hablemos, 2. Disponible en: http://www.sedronar.gov.ar/images/novedades/biblioteca/despenalizar%20no%20es%20progresista.pdf

Hopenhayn, M. (comp.) (2002) Prevenir en drogas: enfoques integrales y contextos culturales para alimentar buenas prácticas. CEPAL: Serie Políticas Sociales Nº 61, Santiago de Chile. Disponible en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/9/11309/lcl1789e-P.pdf

Levine, H. (2003). Prohibición global de drogas -las variedades y usos de la prohibición de las drogas en los siglos XX y XXI-. En X. Arana, D. Husak y S. Scheerer (coord.) Globalización y drogas. Políticas sobre drogas, derechos humanos y reducción de riesgos. Madrid: Dykinson.

Touzé, G. y Rossi, D. (1993). Sida y drogas: ¿Abstención o reducción del daño? Buenos Aires: FAT.

Vázquez Acuña, M. (1997). Coerción; un factor importante que restringe el acceso de los usadoras de drogas y trabajadores sexuales al sistema de salud. En S. Inchaurraga (comp.), Drogas, teoría, clínica e instituciones. Rosario: EADS UNR.

Vázquez Acuña, M. (1999). Uso de drogas, ley penal y los derechos humanos. En J. Dobón y G. Hurtado (comp.), Las drogas en el siglo… ¿qué viene?, Buenos Aires: Fundación Acción para la Comunidad (FAC).



[1] La pena que puede establecerse está entre 1 mes y 2 años de prisión.

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[2] Constitución Nacional, artículo 19: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

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[3] Nos referimos al Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja sobre los Usuarios de Drogas y las Políticas para su Abordaje, creado en 2008. En 2009, por el Decreto 1359 del Poder Ejecutivo Nacional, este Comité fue transformado en Comisión Nacional.

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PROGRAMACIÓN MARCOS GARCÍA SALCIARINI